martes, 25 de febrero de 2020

¡¡SENTENCIA FIRME!!

Importante hito en la pugna del profesorado español por la completa transposición de la directiva europea 1999/70/CE y la no discriminación e igualdad de trato entre personal funcionario interino y de carrera. 

La Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación de la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Sevilla, que daba la razón a una maestra, funcionaria de carrera, que en su demanda contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía reclamaba que en el concurso de traslados de 2017-2018 le fueran valorados, a efectos de antigüedad, sus servicios como funcionaria interina y de carrera, en igualdad de condiciones.

En el vídeo que acompaña a esta entrada se resume la noticia y las consecuencias, de hondo calado, que se derivan de una importante victoria judicial que viene a sumarse a las de Extremadura (2013) y Galicia (2014).

Sin embargo, el efecto de la reciente sentencia andaluza es mucho más grave que las antecedentes puesto que lo que el TSJA ha venido a sentenciar es la obligación de aplicar a los docentes andaluces no ya el derecho europeo sino la ley autonómica que lo adapta, la Ley 2/2016, que hasta ahora la Junta de Andalucía aplicaba exclusivamente a los funcionarios de la Junta de Andalucía e inaplicaba, injustamente, al profesorado andaluz, funcionarios de cuerpos nacionales, a pesar de la flagrante evidencia de que el derecho europeo, al que se rindiera el Parlamento de Andalucía, protege a todos los funcionarios no ya españoles sino europeos.

Todo este conflicto podría haber sido resuelto por el Congreso de los Diputados si éste hubiera hecho lo que el legislador andaluz. Sin embargo, aun tras todas estas victorias judiciales y la paradójica anticipación del regulador autonómico en la transposición de una directiva europea que es de suyo tarea del regulador nacional, el Congreso de los Diputados, después de 20 años de incumplimiento, se mantiene en abierta rebeldía contra la mencionada directiva europea, lo que es motivo de un procedimiento de sanción por infracción del derecho de la Unión que la Comisión Europea tiene abierto a España desde 2014 y que debe estar próximo a resolverse con una previsible sanción económica que hará pagar caro, del bolsillo de todos los españoles, la contumacia de una indolente e impasible clase política.



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