Grupo Conciliación

Han pasado más de cuatro años desde que este blog se convirtiera en alminar desde el que hemos llamado a la lucha por el derecho a la conciliación personal, familiar y laboral de los docentes de la Educación pública. Hemos predicado permanentemente esos derechos y su alcance. Señalamos a la Administración educativa por el sistemático incumplimiento de la obligación que tiene de celar por esos derechos nuestros y por la debida consideración a nuestro bienestar, no solo porque es nuestro derecho sino porque al redundar este en la eficacia del servicio que prestamos, se constituye en asunto de interés general y prioritario, como así lo reconoce la propia LOE-LOMCE-LEA y sentencias del Tribunal Constitucional. Y hemos combatido y llamado a la acción contra el enorme despropósito que rodea la gestión del profesorado, particularmente en los concursos de traslados, con el emprendimiento de una iniciativa legislativa popular que naufragó contra la pasividad de todas y cada una de las organizaciones sindicales del sector andaluz de la Educación pública no universitaria o con unas cartas al Defensor del Pueblo Andaluz que acabaron en una declaración que dejaba con el culo al aire a la Consejería, nos otorgaba toda una victoria moral (media victoria), nos armaba de razones y auguraba un rayito de esperanzas de cambio que ya se encargaron de truncar las huestes sociatas.

Comentábamos tiempo atrás, que toda esta lucha no ha caído en saco roto y tenemos el convencimiento de que sin ella Andalucía seguiría acomodada, a día de hoy, en el mismo inmovilismo que ha caracterizado a Administración y sindicatos andaluces durante los últimos treinta y tantos años. Aún ahora, no obstante, parece que la única razón por la que la CEJA no nos envía como definitivos a Lugo o Lérida es porque no puede.

Seguimos manteniendo que el concursillo es un mal parche que aliviará a bien pocos. Es injustificable de todo punto que, en pleno siglo XXI, reconocidos nuestros derechos a la conciliación ─especialmente la familiar y laboral por estar radicada en el derecho preferente del menor (nuestros hijos) y en el deber constitucional de los poderes públicos de protección social, económica y jurídica de la familia─ la Administración andaluza mantenga un modelo de gestión FRANQUISTA por el que nos sigue obligando a los funcionarios de carrera a aceptar adjudicaciones forzosas de primer destino definitivo en cualquiera de las ocho provincias andaluzas; injustificable no solo porque lapida los derechos conciliatorios que nos son propios y el derecho superior de nuestros hijos a disfrutar de sus progenitores sino porque, además, tanto despropósito es absolutamente innecesario, como vienen demostrando la Consejería de Educación de Castilla y León, desde 2000, o la de Castilla La Mancha, desde 2002, y porque es un verdadero FRAUDE a familias, alumnado y profesorado del centro de destino sostener que se da estabilidad a unas plazas que son ocupadas por quienes las abandonarán a las primeras de cambio, cuando bien podrían ser adjudicadas con mucho mejor tino.

El mismo despropósito que condena a tantos funcionarios de carrera en concurso de traslados es el que condena a familias enteras de tantas y tantos funcionarios interinos que, en situación ya precaria por su provisionalidad, se enfrentan a la sinrazón y crueldad de una Administración que desatiende elementales reivindicaciones que racionalicen su gestión, como la de que se les permita decidir libremente la provincia o, por qué no, comarcas ─como en Sanidad─ que por sus circunstancias personales ellos mismos quieran aceptar, sin ser expulsados de la bolsa por ello.

Trasladando los razonamientos de la famosa y reciente sentencia de la juez madrileña y con mayor motivo en nuestro caso, sostenemos que el modelo de gestión del profesorado de la CEJA no se ajusta a derecho y que el derecho del menor ─nuestros hijos─, la obligación de protección de la familia ─las nuestras─ y nuestros derechos conciliatorios ─reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Educación de Andalucía─ están por encima de las dificultades organizativas de la CEJA.

Seguiría siendo toda una afrenta que en una supuesta solución se pretendiera que nuestros derechos conciliatorios, que nos corresponden a TODOS y cada uno de nosotros/as, fueran ejercidos en competencia con nuestros compañeros, depositarios de los mismos derechos. Es deber de la CEJA garantizarlos, dándonos solución a TODOS.

Vemos la ocasión perfecta para CONFLUIR, TANTO FUNCIONARIOS INTERINOS COMO DE CARRERA, por la lucha de nuestros maltratados derechos conciliatorios. Cualquier paso de sindicatos o administración, como los que se barruntan, no deberían condicionar dicha confluencia porque constituir un contrapoder efectivo es la única forma de garantizar resultados y que estos no se tuerzan o desvirtúen, por el camino.

Os invitamos, de entrada, a formar parte del GRUPO DE FACEBOOK DE DOCENTES POR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR ─ya somos 1.085─ y a firmar la iniciativa que allí se promueve en favor de la conciliación familiar y laboral de compañeras y compañeros funcionarios interinos. Es de justicia.

Otro Concurso Es Posible (Carthago delenda est)