
Comentábamos tiempo atrás, que toda esta lucha no ha caído en saco roto y tenemos el convencimiento de que sin ella Andalucía seguiría acomodada, a día de hoy, en el mismo inmovilismo que ha caracterizado a Administración y sindicatos andaluces durante los últimos treinta y tantos años. Aún ahora, no obstante, parece que la única razón por la que la CEJA no nos envía como definitivos a Lugo o Lérida es porque no puede.
Seguimos manteniendo que el concursillo es un mal parche que aliviará a bien pocos. Es injustificable de todo punto que, en pleno siglo XXI, reconocidos nuestros derechos a la conciliación ─especialmente la familiar y laboral por estar radicada en el derecho preferente del menor (nuestros hijos) y en el deber constitucional de los poderes públicos de protección social, económica y jurídica de la familia─ la Administración andaluza mantenga un modelo de gestión FRANQUISTA por el que nos sigue obligando a los funcionarios de carrera a aceptar adjudicaciones forzosas de primer destino definitivo en cualquiera de las ocho provincias andaluzas; injustificable no solo porque lapida los derechos conciliatorios que nos son propios y el derecho superior de nuestros hijos a disfrutar de sus progenitores sino porque, además, tanto despropósito es absolutamente innecesario, como vienen demostrando la Consejería de Educación de Castilla y León, desde 2000, o la de Castilla La Mancha, desde 2002, y porque es un verdadero FRAUDE a familias, alumnado y profesorado del centro de destino sostener que se da estabilidad a unas plazas que son ocupadas por quienes las abandonarán a las primeras de cambio, cuando bien podrían ser adjudicadas con mucho mejor tino.
El mismo despropósito que condena a tantos funcionarios de carrera en concurso de traslados es el que condena a familias enteras de tantas y tantos funcionarios interinos que, en situación ya precaria por su provisionalidad, se enfrentan a la sinrazón y crueldad de una Administración que desatiende elementales reivindicaciones que racionalicen su gestión, como la de que se les permita decidir libremente la provincia o, por qué no, comarcas ─como en Sanidad─ que por sus circunstancias personales ellos mismos quieran aceptar, sin ser expulsados de la bolsa por ello.
Trasladando los razonamientos de la famosa y reciente sentencia de la juez madrileña y con mayor motivo en nuestro caso, sostenemos que el modelo de gestión del profesorado de la CEJA no se ajusta a derecho y que el derecho del menor ─nuestros hijos─, la obligación de protección de la familia ─las nuestras─ y nuestros derechos conciliatorios ─reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Educación de Andalucía─ están por encima de las dificultades organizativas de la CEJA.
Seguiría siendo toda una afrenta que en una supuesta solución se pretendiera que nuestros derechos conciliatorios, que nos corresponden a TODOS y cada uno de nosotros/as, fueran ejercidos en competencia con nuestros compañeros, depositarios de los mismos derechos. Es deber de la CEJA garantizarlos, dándonos solución a TODOS.
Vemos la ocasión perfecta para CONFLUIR, TANTO FUNCIONARIOS INTERINOS COMO DE CARRERA, por la lucha de nuestros maltratados derechos conciliatorios. Cualquier paso de sindicatos o administración, como los que se barruntan, no deberían condicionar dicha confluencia porque constituir un contrapoder efectivo es la única forma de garantizar resultados y que estos no se tuerzan o desvirtúen, por el camino.
Os invitamos, de entrada, a formar parte del GRUPO DE FACEBOOK DE DOCENTES POR LA CONCILIACIÓN FAMILIAR ─ya somos 1.085─ y a firmar la iniciativa que allí se promueve en favor de la conciliación familiar y laboral de compañeras y compañeros funcionarios interinos. Es de justicia.
Otro Concurso Es Posible (Carthago delenda est)
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