Compañeras y compañeros:
Ya están presentadas las demandas contra el concurso de traslados en Andalucía, por la valoración, en el apartado 1.2 -antigüedad en el Cuerpo-, de los servicios previos a la adquisición de la condición de funcionario de carrera (interino y en prácticas).
Somos optimistas. Especialmente, en Andalucía, por tres razones fundamentales:
(1) Porque esta Comunidad Autónoma ha adaptado, de hecho y de derecho, la legislación autonómica que regula la función pública andaluza a la Directiva 99/70/CE, mediante la Ley 2/2016, de 11 de mayo, para regular la valoración de los servicios previos en los procedimientos de adjudicación de puestos de trabajo (movilidad horizontal, esto es, concursos de traslados, colocación de efectivos provisionales, concursillo...) y de promoción (movilidad vertical).
(2) Porque lo dispuesto en dicha ley se nos ha de aplicar a los docentes andaluces en virtud del artículo 13.5 letra d) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, por ser la 2/2016, de 11 de mayo, la única ley del ordenamiento jurídico nacional que regula tal materia.
(3) Y porque la norma específica docente, el RD 1364/2010, es completamente ajena a la Directiva 99/70/CE; su baremo es contrario al ordenamiento jurídico de la UE, como así lo dictaminan sentencias firmes de los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura y Galicia; y porque ha dejado de cumplir con las funciones para las que se promulgó, puesto que ha dejado de garantizar el marco común de la función pública docente nacional, roto el baremo único desde que Galicia valora los servicios previos, ni da ya seguridad jurídica. Antes al contrario, el RD se ha convertido en fuente de una inseguridad jurídica que el Gobierno de la nación alimenta, al incumplir con lo mandatado por el apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Educación, en cuanto a su obligación de asegurar ese marco común básico de la función pública docente, a pesar de las llamadas de atención del grupo parlamentario de CIUDADANOS que el Ejecutivo responde con verdadera sorna y suficiencia.
En definitiva, desde que la Ley 2/2016, de 11 de mayo, entrara en vigor, los jueces y tribunales andaluces están obligados a aplicarla a los docentes andaluces, apartando toda la doctrina jurisprudencial anterior, en virtud del principio de supremacía del derecho europeo y del principio de jerarquía normativa que informa el ordenamiento jurídico nacional, que estatuye la superioridad de la ley escrita sobre la jurisprudencia -que no es más que interpretación-, para subsanar en el baremo aplicable todo aquello que se oponga o desconozca lo dispuesto por las citadas leyes andaluzas.
No cabe interpretación donde hay una LEY bien explícita, que dice lo que dice y que además está motivada por la doctrina expresa de la Comisión Europea y ajustada al Derecho de la Unión.
Suerte a todos los que nos hemos aventurado, ...con sobrados fundamentos, desde luego.
Lamentamos enormemente que la pasividad de todas las Administraciones educativas dé lugar a una creciente conflictividad por la que unos obtendremos, por vía judicial y pagado de nuestro bolsillo, la plaza que la Administración otorgó a otros en fraude de ley, quedando estos otros despojados de su plaza. Así es como todos los docentes pagaremos, de una u otra forma, la renuente y prepotente actitud de quienes desprecian la ley cuando tienen la obligación de ser sus máximos garantes.
Pablo J. Verde Martínez
Somos optimistas. Especialmente, en Andalucía, por tres razones fundamentales:
(1) Porque esta Comunidad Autónoma ha adaptado, de hecho y de derecho, la legislación autonómica que regula la función pública andaluza a la Directiva 99/70/CE, mediante la Ley 2/2016, de 11 de mayo, para regular la valoración de los servicios previos en los procedimientos de adjudicación de puestos de trabajo (movilidad horizontal, esto es, concursos de traslados, colocación de efectivos provisionales, concursillo...) y de promoción (movilidad vertical).
(2) Porque lo dispuesto en dicha ley se nos ha de aplicar a los docentes andaluces en virtud del artículo 13.5 letra d) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, por ser la 2/2016, de 11 de mayo, la única ley del ordenamiento jurídico nacional que regula tal materia.
(3) Y porque la norma específica docente, el RD 1364/2010, es completamente ajena a la Directiva 99/70/CE; su baremo es contrario al ordenamiento jurídico de la UE, como así lo dictaminan sentencias firmes de los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura y Galicia; y porque ha dejado de cumplir con las funciones para las que se promulgó, puesto que ha dejado de garantizar el marco común de la función pública docente nacional, roto el baremo único desde que Galicia valora los servicios previos, ni da ya seguridad jurídica. Antes al contrario, el RD se ha convertido en fuente de una inseguridad jurídica que el Gobierno de la nación alimenta, al incumplir con lo mandatado por el apartado 1 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Educación, en cuanto a su obligación de asegurar ese marco común básico de la función pública docente, a pesar de las llamadas de atención del grupo parlamentario de CIUDADANOS que el Ejecutivo responde con verdadera sorna y suficiencia.
En definitiva, desde que la Ley 2/2016, de 11 de mayo, entrara en vigor, los jueces y tribunales andaluces están obligados a aplicarla a los docentes andaluces, apartando toda la doctrina jurisprudencial anterior, en virtud del principio de supremacía del derecho europeo y del principio de jerarquía normativa que informa el ordenamiento jurídico nacional, que estatuye la superioridad de la ley escrita sobre la jurisprudencia -que no es más que interpretación-, para subsanar en el baremo aplicable todo aquello que se oponga o desconozca lo dispuesto por las citadas leyes andaluzas.
No cabe interpretación donde hay una LEY bien explícita, que dice lo que dice y que además está motivada por la doctrina expresa de la Comisión Europea y ajustada al Derecho de la Unión.
Suerte a todos los que nos hemos aventurado, ...con sobrados fundamentos, desde luego.
Lamentamos enormemente que la pasividad de todas las Administraciones educativas dé lugar a una creciente conflictividad por la que unos obtendremos, por vía judicial y pagado de nuestro bolsillo, la plaza que la Administración otorgó a otros en fraude de ley, quedando estos otros despojados de su plaza. Así es como todos los docentes pagaremos, de una u otra forma, la renuente y prepotente actitud de quienes desprecian la ley cuando tienen la obligación de ser sus máximos garantes.
Pablo J. Verde Martínez
Otro Concurso Es Posible (Carthago delenda est)
